International Law

Ante la sentencia decisiva sobre el derecho al olvido frente a Google

By sevach

Hábilmente, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha iniciado los trámites para plantear al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial para que zanje de una vez por todas, y con validez para toda Europa, si el ciudadano tiene derecho a que Google impida que su buscador exponga datos personales publicados en Boletines Oficiales si su titular así lo solicita.

Parece ser que la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional tendrá que decidir si es legítima la decisión de la Agencia de Protección de Datos a raíz de la denuncia de cuatro personas cuyos datos personales figuran en Boletines Oficiales para su escarnio, en la que ordenaba a Google eliminarlos del buscador. La Sala,  antes de dictar la sentencia, ha dictado una providencia concediendo alegaciones a las partes (Abogacía del Estado y Google) sobre el posible planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( cuya sentencia es vinculante y fijará la interpretación de la normativa comunitaria sobre la cuestión).

Muy inteligente y oportuna esta Providencia de la Audiencia Nacional que presumiblemente desembocará en un Auto para su reenvío al Tribunal europeo, quien es el máximo intérprete de las numerosas Directivas sobre Protección de Datos. No es cuestión local, sino internacional, y si en correspondencia con un gigante planetario como Google no hay una justicia planetaria, bien está que el Tribunal de Justicia europeo resuelva la cuestión en Europa, de una vez por todas, pese a que sea cuestión jurídicamente difícil como ya precisó el Catedrático de Derecho Constitucional, Marc Carrillo, en este artículo periodístico.

1.  La cuestión no es fácil de resolver y ofrece gran trascendencia para el futuro. Google crece y crece como una inmensa bola de datos que mezcla información valiosa como penosa y se ha convertido en la ventana que, mas allá de la legítima pesquisa para formarse, investigar o divertirse, permite regodearse en la intimidad de personas accediendo a anécdotas, incidentes de su pasado, que ya no tienen interés o que fueron desmentidos o privados de efecto. Y ello con la colaboración de los implacables Boletines Oficiales que, como vía  sustitutiva de la notificación personal ( o por imperativo legal), en ocasiones dejan eterna huella de actos vergonzosos que pueden dar mala imagen personal tales como medidas disciplinarias, multas de tráfico, embargos, infracciones tributarias  o sanciones de todo tipo.

Y sin embargo, pese a haber pasado lustros, pese a haber sido revocado el acto administrativo, pese a haber saldado las cuentas pendientes con la Administración, resulta que el sambenito de ese error del pasado o del error de la Administración al sancionar, acompañará al ciudadano toda su vida. Estará ahí agazapado en una inocente web de boletín oficial, esperando a que cualquiera con un simple clic de ratón y con la complicidad de Google, pueda rescatar del olvido el desagradable incidente. Si a eso unimos el gusto por el rumor y el morbo por ensañarse con el indefenso, Google se ha convertido en una nansa, ya saben, esa trampa de langostas, donde ?entrarás pero no saldrás?.

2. En este conflicto, la estrategia jurídica de Google pasa por mostrarse como una especie de ?pescador? con red que la arroja en el lugar del lago donde le piden, de manera que si captura información incómoda, quién debe retirarla no es quien ?pesca? sino quien ?colocó?  allí lo pescado. Además, para evitar tener que ocuparse de la fatigosa tarea de sustraer determinada información al rastreo de su robot, robustece su posición enarbolando la libertad de Internet y su incompatibilidad con esta modalidad de censura en la red.

3.  Tales conflictos surgidos al hilo de las nuevas tecnologías empiezan a hacer presencia en los Tribunales de Justicia. No hay jurisprudencia ni unanimidad doctrinal. Hace unos tres años fue muy sonado el caso mas sonado fue el de aquel maduro profesor que veía como sus alumnos disfrutaban buscando en Google con la publicación oficial de la sanción que le fue impuesta siendo adolescente por orinar en la vía pública, y que llevó a la Agencia de Protección de Datos a prohibir a google rastrearlos y hacerlos públicos, sin que dicha resolución fuese recurrida por Google.

Mas recientemente, desde otra perspectiva distinta de la publicación en boletines oficiales, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 19 de Febrero de 2010 ante la pretensión de un afectado por el caso Malaya de que se salvaguardase su honor impidiendo que Google indicase un enlace de la web de Telecinco y de otro programa de tertulianos, se le desestimó su demanda y se le contestó que el art. 17 de la Ley 34/2002, de 11 de Junio de Servicios a la Sociedad de Información y de comercio electrónico exime a Google como prestador de servicios de intermediación, de toda responsabilidad por la información que dirija a sus destinatarios, siendo lo adecuado demandar en su caso a Telecinco o al programa responsable de la página enlazada.

El estado actual de la cuestión, al hilo de la decisión de la Audiencia Nacional, está estupendamente delimitado aquí.

Y bajo una perspectiva jurídica rigurosa, con referencias de derecho comparado y propuestas de solución, aunque  culminando en vaticinar una victoria de Google ante la Audiencia Nacional, podemos recomendar la lectura de este otro artículo.

4. Quizás el asunto admite otro enfoque de ?corrección en la fuente?, esto es, que los Boletines Oficiales puedan eludir referencias negativas vinculadas a datos personales. Sobre esta cuestión recomiendo este interesantísimo breve y documentado artículo.

5. A juicio de Sevach, la historia está ahí y no debe reescribirse o borrarse. Pero sí eliminarse de las garras del buscador, si el interés público que llevó a plasmar el dato en un boletín oficial ha desaparecido por cancelación, prescripción, revocación u otra razón jurídicamente relevante.

Lo procedente en el caso analizado sería no tanto borrar los archivos, puesto que la fuente original (BOE u otros Boletines oficiales) siempre estará ahí en formato original (sea papel o digital), ya que los datos de la Administración pueden y deben constar para lo bueno y para lo malo. Para ser investigados, para marcar tendencias burocráticas, para ser certificados por interesados u otra finalidad legítima.

Quizás debería consagrarse el derecho del ciudadano a que el resultado de búsquedas de google fuere acompañado de una mención o enlace a la página que reflejase su anulación o cancelación. Aunque lo práctico sería reconocer el derecho a que Google, a petición del afectado, procediese a la cancelación y expulsión de su buscador de tales datos. No sé como, pero que si el problema lo ocasiona la tecnología, ella misma tendrá que dar la solución.

Y es que, aunque considero que Google es quizá de las mayores aportaciones a la formación e información del planeta, creo que los ciudadanos tienen derechos de rango constitucional y una dignidad que merece respuesta jurídica. La victoria de David contra Goliat no debe ser una noticia bíblica sino el resultado de la sentencia judicial que dice la Audiencia Nacional, siguiendo una valiente sentencia del Tribunal Europeo resolviendo la cuestión prejudicial. Si el Tribunal europeo eludiese el envite y no reconociese ese derecho, se daría un paso atrás en las conquistas de los derechos de los ciudadanos y en cambio Google daría un paso adelante hacia ese futuro que vaticiné en un anterior post.

Full post as published by Derecho Público español on February 27, 2011 (boomark / email).