International Law

Una mala propuesta sobre el Tribunal Constitucional

By Carlos Riquelme

En carta al director, los profesores de derecho constitucional Víctor Avilés, José García, Sebastián Soto y Sebastián Zárate señalan que sería una buena idea que la Presidenta de la República, ya muy cerca del término de su mandato, renunciara al derecho exclusivo que le otorga la Constitución y deje a la administración que viene la decisión de nombrar al Ministro del Tribunal Constitucional que le corresponde designar porque el Ministro Juan Colombo Campbell cumple 75 años en enero.

El argumento es que… bueno, no hay ninguno. Los profesores señalan que la experiencia comparada demuestra que uno de los principales desafíos de la justicia constitucional es que los procedimientos de nombramiento reflejen transparencia y prudencia política. Pero, ¿cuál es esa experiencia comparada? Los profesores no la nombran. Además, es de sentido común pedir que los procedimientos de nombramiento de los miembros de una institución de la importancia del TC sean transparentes y prudentes. Nuestro ordenamiento jurídico asume que lo son. Lo mismo, entonces, deberíamos decir de las elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales y prácticamente toda otra forma de elección, designación o nombramiento de una alta magistratura. No ganamos nada con pedir eso.

Pero argumentar sobre la transparencia significa señalar que si la Presidenta nombra a otro Ministro en enero estaría incurriendo en un acto de corrupción. Corrupción siendo el antónimo político de transparencia. Es decir, los procedimientos que la propia Constitución establece no son transparentes ni prudentes políticamente. Porque si le decimos que sería más transparente que deje el nombramiento a la administración que viene, entonces le estamos diciendo que el ejercicio de ese derecho,tal como está planteado en la Constitución, sería mucho menos que transparente.

Pero eso no es todo. En el presente caso, ello sólo se alcanza si la Presidenta consulta previamente a quien la sucederá en el cargo, pertenezca o no a su coalición de gobierno. Esa sería una verdadera decisión de Estado que, además de legitimar al designado, fortalece al propio Tribunal. ¿De verdad la transparencia y prudencia política se alcanzan exclusivamente cediendo el derecho que le pertenece a la Presidenta de la República? No veo cómo una decisión así fortalecería al propio TC. Los profesores no lo dicen ni presentan evidencia alguna, más que sus propias convicciones políticas, para argumentar a favor. Ah, y la legitimación del designado no viene de lo que le piden a la Presidenta que haga, sino que de la mismísima Constitución cuando establece el procedimiento de nombramiento de los Ministros del TC.

Pero los profesores no están preocupados del bienestar del Estado, lo que sea que ellos entiendan que es eso, sino el de su candidato. ¿De qué otra manera se entiende que no exijan un proyecto de ley que legitime sus aspiraciones y obligue al Presidente de la República a consensuar su designación junto a la persona que será su sucesor en el cargo? Lo que ellos quieren es que su candidato sea el que nombre al próximo Ministro del TC, incluso antes de entrar en su mandato, disfrazando su solicitud con ropajes de transparencia y prudencia política.

PS: Me pregunto por qué los profesores no han postulado su idea en una revista jurídica, de esas que son revisadas por sus pares. Aquí hay una carta del profesor Aviles en la que defiende a Sebastián Piñera, una de José Francisco García en la que hace lo mismo (y en la que yo le dejé un comentario), de Sebastián Soto Velasco una rápida búsqueda en Google delata sus afiliaciones políticas (no es que haya algo de malo en ellas, claro) y Sebastián Zárate en una aparición conjunta con Aviles en El Mercurio.

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Full post as published by Actualidad y Derecho on December 12, 2009 (boomark / email).